Exasesora acusa a Alcocer de llevar droga a Venezuela
Vierne5: Estas son las noticias del día de hoy domingo 11 de octubre 2026
Eva Ferrer acusa a Verónica Alcocer de usar vuelos oficiales para mover droga y dinero entre Colombia y Venezuela.
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Eva Ferrer, exasesora de la ex primera dama colombiana Verónica Alcocer y antigua consejera del Gobierno de Gustavo Petro, acusó públicamente a Alcocer de haber utilizado aeronaves oficiales en viajes a Venezuela en los que presuntamente se transportaron drogas y grandes cantidades de dinero. Las afirmaciones, divulgadas por la revista Semana, no han sido probadas judicialmente, pero ya provocaron una orden presidencial para que las autoridades colombianas investiguen los vuelos y determinen si existieron delitos.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el 10 de octubre una investigación exhaustiva sobre el supuesto uso de aeronaves estatales durante el Gobierno anterior. La Presidencia confirmó que la revisión deberá esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades dentro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y otras dependencias involucradas.
La denuncia de Eva Ferrer
Ferrer formuló las acusaciones durante una entrevista con la periodista Vicky Dávila. En su relato, sostuvo que Alcocer realizó varios viajes a Venezuela que eran manejados con alto nivel de confidencialidad y en aeronaves asignadas oficialmente.
Según Ferrer, un viaje realizado en enero de 2023 habría terminado con el ingreso a Colombia de 2,5 millones de dólares procedentes de Venezuela. La exasesora aseguró que conoció ese dato a través del empresario Manel Grau, persona cercana al entorno de Alcocer.
La acusación más grave se refiere al presunto transporte de drogas. Ferrer afirmó que le hablaron de fotografías en las que Alcocer supuestamente aparecía descendiendo de una aeronave con maletas grises que contendrían sustancias ilícitas. También sostuvo que Grau le habría confirmado posteriormente que en esos movimientos “había droga”.
Hasta ahora, no se han presentado públicamente esas fotografías ni pruebas judiciales que permitan confirmar que Alcocer transportó estupefacientes. La versión de Ferrer constituye un señalamiento que deberá ser sometido a investigación y contrastado con registros de vuelo, manifiestos de pasajeros, controles aeroportuarios y demás evidencias documentales.
Aviones oficiales y vuelos hacia Venezuela
Ferrer aseguró que los desplazamientos hacia Venezuela eran coordinados de manera reservada y que no todos los funcionarios encargados de la seguridad presidencial tenían acceso a la información.
Al ser interrogada sobre el tipo de aeronave utilizada, explicó que se trataba del avión presidencial o de otra aeronave asignada a la entonces primera dama. Posteriormente precisó que los desplazamientos habrían sido realizados en aviones destinados a Alcocer.
La investigación ordenada por el Gobierno colombiano deberá establecer cuáles aeronaves realizaron esos trayectos, quién autorizó los vuelos, quiénes viajaron, qué equipaje fue transportado y si se cumplieron los controles aduaneros, migratorios y de seguridad establecidos para operaciones oficiales.
El Gobierno ordena investigar
La Presidencia colombiana confirmó que De la Espriella instruyó al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana a revisar los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades.
La decisión convierte el caso en un asunto formal de investigación estatal y separa, al menos en esta etapa, las acusaciones periodísticas de cualquier conclusión penal. Las autoridades deberán establecer si existen registros que respalden el testimonio de Ferrer y si hubo utilización irregular de bienes públicos.
La investigación también podría extenderse a movimientos de dinero entre Venezuela y Colombia. Ferrer sostuvo que los 2,5 millones de dólares presuntamente ingresados al país habrían sido utilizados parcialmente para actividades políticas, aunque esa afirmación tampoco ha sido demostrada.
Acusaciones que alcanzan al antiguo círculo presidencial
Ferrer señaló además a varias personas cercanas al entorno de Alcocer y mencionó presuntas operaciones relacionadas con dinero y tráfico de armas. Algunos de los aludidos han rechazado sus afirmaciones y han anunciado acciones legales.
El congresista Agmeth Escaf, mencionado por Ferrer en sus declaraciones, negó los señalamientos y anunció que acudirá a la justicia. Su reacción refleja que el caso ya comenzó a generar consecuencias políticas y judiciales independientes de la investigación sobre los vuelos.
Las declaraciones de Ferrer adquieren relevancia adicional porque trabajó directamente en el entorno presidencial y mantuvo durante años una relación cercana con Alcocer. Sin embargo, esa proximidad no convierte automáticamente sus acusaciones en hechos probados.
La dimensión Colombia-Venezuela
El componente venezolano de las denuncias abre una posible dimensión internacional. Si las autoridades encuentran evidencias de transporte de drogas o movimientos ilícitos de capital entre ambos países, la investigación podría requerir cooperación judicial, financiera y aeronáutica transfronteriza.
Por ahora, no existe una conclusión oficial que establezca que las aeronaves estatales fueron utilizadas para narcotráfico. Lo confirmado hasta este momento es que una antigua asesora formuló las acusaciones públicamente y que el Gobierno colombiano ordenó investigar.
El caso entra así en una etapa en la que los registros oficiales, las bitácoras de vuelo y cualquier evidencia material serán determinantes para establecer si las denuncias de Ferrer tienen sustento penal o si permanecen únicamente como acusaciones.
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Ramón Muchacho:
¿Dónde está Hugo Marino? El silencio del régimen ante este caso, el mutismo de los funcionarios que se pasean en modo de protagonistas del nuevo momento, como el fiscal Devoe y la defensora González Lobato, aturde.
Mientras la causa de Marino no sea asumida con la seriedad y gravedad que reviste la situación, cualquier gesto de avance luce como un disimulo táctico.
Que los hermanitos siniestros y Cabello finjan que la cosa no es con ellos, no hace sino multiplicar las preguntas sobre la situación atroz de Marino, así como de otros desaparecidos que cayeron en las fauces del aparato represivo del régimen.
Lo peor es que, como han advertido la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ese aparato sigue intacto, lo que significa que se han perdido nueve meses, un tiempo valiosísimo, para lograr y consolidar el desmontaje del entramado que hizo posible las desapariciones, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad contra venezolanos y extranjeros.
En lugar de repetir una y otra vez que se necesitan nuevas instituciones, algo que ya se sabe y con lo que todos estamos cien por ciento de acuerdo, aprovechemos el tiempo y adelantemos decisiones para que estas surjan con el terreno lo más despejado posible.
De nada servirá tener nuevos y bien acreditados magistrados, por ejemplo, si los mismos se exponen a ser intimidados y coaccionados por el aparato represivo hoy plenamente operativo y con un amplio kilometraje en esas “artes”, según denunció una exmagistrada chavista hace pocos días.
Manos a la obra que para luego es tarde.
